La legislación vuelve a apostar y a decantarse por una administración electrónica. Este es el fin que persigue, concretamente, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). La normativa entró en vigor el pasado 3 de octubre –aunque apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un año antes–  y sus objetivos más inmediatos son agilizar las notificaciones, reducir las trabas burocráticas para los ciudadanos y lograr una reducción de costes en la gestión.