La Justicia española da un paso más hacia la plena digitalización en sus mecanismos de trabajo. El último órgano en incorporarse al tren tecnológico ha sido el Tribunal Supremo, que el pasado 4 de mayo, coincidiendo con el inicio de la III fase del proceso de ‘Justicia digital’, puso en marcha el sistema que permite tramitar electrónicamente, por medio de un certificado digital, todos aquellos procedimientos judiciales en los que tiene competencias.
En este órgano concreto, por el momento, únicamente funciona en las tres secciones de la Sala de lo Social, pero está previsto que esta digitalización, conforme al plan establecido por el Ministerio de Justicia, se extienda progresivamente a todos los órganos jurisdiccionales del Tribunal Supremo.
Como en el resto de casos de la Administración en los que se avanza por la senda digital, el nuevo sistema permitirá una agilización de los procesos así como un importante ahorro en costes y en papel.
Además, el sistema jurídico español –que viene realizando a lo largo de este último año una intensa labor en favor de la digitalización judicial en nuestro país– ya permite a los 96 usuarios del Tribunal Supremo a los que afecta esta última medida establecer comunicaciones con los profesionales (quienes también deben poseer un certificado digital), firmar y consultar documentos íntegramente digitales y contar con mayores garantías en todos los actos jurídicos.
Aunque el proceso de ‘Justicia digital’ ya ha alcanzado su tercera y, a priori, última fase, los objetivos de contar con un sistema más ágil implantado en la totalidad de partidos judiciales del territorio ministerial y de que el expediente judicial electrónico se convirtiese en la herramienta de trabajo habitual para los profesionales de la judicatura estuvieron claros desde el principio.
Expediente judicial electrónico
El expediente judicial electrónico –que permitirá prescindir del papel en todos los procesos y que es ya una realidad en determinadas instancias (como la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, primer órgano en implantarlo, el 14 de junio de 2011, y otras sedes judiciales que lo implantaron como experiencia piloto)– es uno de los ejes vertebradores del proceso de modernización de la Administración de Justicia.
Una de las principales ventajas de esta herramienta es que todas las partes que intervienen en un proceso pueden acceder, por medio de un certificado electrónico, a la misma documentación de manera simultánea, algo que, obviamente, ahorra tiempo y recursos y agiliza todos los trámites.
Sin embargo, también existen pequeños inconvenientes en la implantación definitiva de este modelo. Por ejemplo, en el caso de procesos ya abiertos, es necesario un trabajo previo de digitalización de todos los documentos de forma segura y por medio de un sistema de gestión documental.
Fases de ‘Justicia digital’
El Ministerio de Justicia, encargado de la implantación de este nuevo modelo, ha llevado a cabo el proceso de ‘Justicia digital’ a lo largo de tres fases, que se han desarrollado del siguiente modo:
- Fase I: Concluyó en julio de 2016 y el sistema se implantó en todas las capitales de provincia españolas con competencias no trasferidas en materia de Justicia.
- Fase II: Se desarrolló desde diciembre de 2016 con la extensión del sistema a las sedes judiciales de Talavera de la Reina, Mérida y Puertollano. También se completó el proceso en Palma de Mallorca, Murcia y Valladolid en las secciones de civil y penal.
- Fase III: Se inició el pasado 4 de mayo y se prolongará hasta noviembre de 2018. El objetivo de esta fase es completar la implantación del Expediente Judicial Electrónico en 86 partidos judiciales del Ministerio de Justicia, en cuatro salas del Tribunal Supremo y en otras dos de la Audiencia Nacional.
Desde que arrancó el proceso, se han presentado 1.517.104 escritos de forma telemática (un 76% del total), se han realizado 5.826.751 firmas en formato electrónico, se han consultado 1.430.490 expedientes desde el visor electrónico de expedientes judiciales y se han descargado 1.382.319 documentos y expedientes judiciales electrónicos.
Trámites ciudadanos
Además de la tramitación judicial electrónica enfocada a profesionales, el Ministerio de Justicia también permite a los ciudadanos, a través de su sede electrónica, resolver diversos trámites y realizar la solicitud de determinados documentos con el certificado digital de CERES FNMT. Algunos de ellos son los siguientes:
- Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual: en este apartado, es posible realizar dos trámites concretos: solicitud y verificación y descarga del certificado.
- Certificado de Antecedentes Penales: da opción a solicitar el certificado, consultar su estado y descargarlo. Además, también permite descargar formularios y acceder a la consulta del pago de tasas de la Agencia Tributaria.
- Nacionalidad española por residencia: en este caso, es posible realizar la solicitud en la sede electrónica y consultar y verificar expedientes.
- Certificado de nacimiento y de matrimonio: en ambos apartados, la web da la opción de, por medio del certificado digital, solicitar el documento acreditativo de ambos hechos y obtener la verificación de certificaciones electrónicas.
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